Respuesta de Movistar al reclamo de la Defensoría del Pueblo

En Belén de Escobar, cabecera del partido de zona Norte, el servicio de telefonía móvil que brinda Movistar es prácticamente inexistente desde hace tiempo y nadie puede comunicarse. Ante la falta de soluciones - pese al constante reclamo de los habitantes -, la Defensora del Pueblo del distrito, Rocío Fernández, intimó a la empresa y mantuvo una audiencia con sus representantes, quienes se comprometieron a dar respuesta y brindaron una sorprendente explicación sobre las causas del problema.

En la audiencia realizada este jueves, los enviados de Movistar le informaron que el problema es realmente grave: los “sitios” (antenas) que tienen incidencia en Belén de Escobar están divididos en tres sectores, y dos de ellos colapsaron por la gran demanda en la zona. “Se comprometieron a darle prioridad al tema y solucionarlo en 15 días, con una puesta a punto de los tres sectores y la incorporación de un nuevo equipo específico, para generar amplitud en la señal”, aclaró la Defensora.


En cuanto a las consecuencias que deberá afrontar la empresa por el incumplimiento del servicio durante este tiempo, la Defensora llevará adelante los trámites de todos los abonados, para que se les devuelva el dinero mal facturado. “Y, de no cumplir con lo prometido, le daremos intervención al ente regulador (CNC) e iniciaremos la vía judicial correspondiente”, advirtió.

En este sentido, pidió que los afectados se comuniquen con la Defensoría “por todas las vías habilitadas” y recordó que “no hay oficina de Movistar en Escobar”, lo que hace más necesario que el reclamo quede a su cargo.

Falta de normativa

Las fallas en los celulares se repiten en todos los distritos del Conurbano y en el país, al punto que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) – de la cual Fernández es Secretaria General -, lo plantea como un conflicto central y colectivo en sus reuniones. Entre los principales reclamos del organismo ante la CNC y las autoridades, figuran la necesidad de “declarar a la telefonía móvil como un servicio público” y la de “crear un marco normativo” que regule el accionar de las compañías a nivel nacional, provincial y municipal.

En el caso de Escobar, la Defensora sostiene que “hay que saber lo que pasa el resto de las antenas - hay 25 en el distrito y otras 6 en proceso de instalación -y qué inversión hizo Movistar en este tiempo. Sabemos que hay muchas de esas estructuras con aprobaciones irregulares. El pedido a los Concejales es que debe haber una regulación, ya que la ausencia de normas favorece los abusos hacia los consumidores y la falta de herramientas para combatirlos”.

Además, Fernández advirtió sobre la “colisión de derechos” que genera la problemática de los celulares: “el del usuario a la comunicación y el de tener un medio ambiente sano. Si bien no hay estudios que comprueben los daños que provocan las antenas, tampoco hay otros que demuestren lo contrario”.

Por eso, se debe aplicar el “Principio Internacional Precautorio: hay lugares como hospitales, instituciones educativas y deportivas, donde esas estructuras no pueden ser colocadas”, alertó, e insistió con que “generar una regulación es fundamental para que cada empresa sepa dónde y cómo ubicarlas”.

“No hay soluciones mágicas. Para garantizar el buen funcionamiento, tiene que haber responsabilidad empresarial y control del Estado”, enfatizó la abogada sobre el tema.

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